Carroll Ríos de Rodríguez
El domingo iremos a las urnas, preocupados por rellenar “correctamente” las cinco papeletas. Al mismo tiempo, añoramos un retorno a la normalidad y vistas libres de publicidad partidista. El proceso ha sido intenso y atropellado. A lo largo de estos meses, vivimos incertidumbre, al punto que tambaleó nuestra fe en instituciones como el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad y ese amorfo ser que llamamos el “sistema democrático”.
El proceso nos encaró con realidades que deberíamos someter a una discusión pública, de la cual idealmente surgirían reformas.
1. La competencia política atrae a personas de calibre moral e intereses diversos. Tendríamos que pensar, no tanto en formas de mejorar la calidad ética de las personas que incursionan en el terreno político, sino en mecanismos que impidan el uso del poder para violar los derechos inalienables de todos o unos ciudadanos. No será nunca una protección suficiente el convencer a personas de bien a participar como candidatos o votantes. Candados para evitar los abusos, castigos prontos y otras medidas similares merecen seria atención. ¿Por qué no han funcionado los candados vigentes? Si es cierto que hecha la regla, hecha la trampa, ¿cómo minimizamos los costos que derivan de la trampa?
2. La competencia política es competencia, valga la redundancia. Los grupos se disputan agresivamente nuestro voto. Las leyes que restringen los gastos en publicidad o fijan un plazo máximo para la campaña serán ignoradas o evadidas mientras el costo de hacerlo sea menor que los beneficios. Se erosiona innecesariamente la credibilidad de las autoridades cuando sus esfuerzos por hacer valer la regulación son inútiles.
3. Nuestros partidos son maquinarias electoreras poco ideológicas, y nuestro sistema genera un cementerio de partidos difuntos. Otros sistemas democráticos “internalizan” las pugnas políticas en partidos grandes, que suelen ser más longevos y estables. ¿Es esto preferible? ¿Cuál es la relación entre la calidad de la gobernanza y el tamaño y trayectoria de los partidos políticos? Nuevamente, serán las reglas del juego las que produzcan unos u otros resultados.
4. Los procesos electorales nos inducen a pensar que los problemas sociales son dominio de los políticos. Requiere realismo darnos cuenta de que el aparato político no es omnicompetente y omnisciente, que incluso es sano resguardar del vaivén político ciertas decisiones sociales. La autogestión y la descentralización mejoran la calidad y celeridad de las decisiones.
5. Innegablemente, dar cumplimiento a las normas constitucionales y otras regulaciones de difícil interpretación fortaleció al TSE y a la CC, pero dichas normas son perfectibles. ¿Llegó el tiempo de revisar los criterios para optar a la presidencia, los límites a la reelección, la posibilidad de revocar el mandato y la forma de elegir a candidatos a diputado? Debemos tener en cuenta los costos y beneficios que implican las reformas, de cara a una pacífica, periódica y legítima alternancia en el ejercicio del poder.
Artículo publicado en el diario guatemalteco "Siglo 21", el día miércoles 07 de septiembre 2011.
